Actualmente, el cambio climático representa uno de los desafíos más significativos a nivel global para la humanidad. En consecuencia, se observa un creciente reconocimiento por parte de organismos internacionales y nacionales acerca de la urgencia de implementar medidas para mitigar y contrarrestar este fenómeno. Destaca la Unión Europea como la principal entidad geopolítica que ha asumida un papel de liderazgo en la lucha contra este problema crucial.
Andalucía, como región comprometida con la lucha contra el cambio climático, ha seguido de cerca las directrices establecidas a nivel europeo y nacional. En este sentido, en el año 2018, aprobó la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía (en adelante, Ley 8/2018). La adopción de esta ley refuerza y consolida, a nivel normativo máximo, el compromiso de la región en la lucha contra el cambio climático.
A nivel local, se reconoce la importancia crucial de los municipios en la lucha contra el cambio climático. Las autoridades locales ocupan una posición estratégica para satisfacer las necesidades ciudadanas, preservar los bienes públicos, incorporar los aspectos de energía sostenible a los objetivos de desarrollo local y facilitar el acceso de la ciudadanía a fuentes de energía seguras, sostenibles y asequibles. La proximidad de los municipios a la ciudadanía y su rol como proveedores y/o reguladores de servicios esenciales, como la movilidad, la gestión de residuos y la edificación, los convierte en agentes indispensables en la implementación de estrategias contra el cambio climático. Esto incluye aquellas que aborden cambios de paradigmas en el consumo individual necesarios para lograr objetivos en materia de clima y sostenibilidad.
Además, desde un enfoque cuantitativo, los municipios concentran la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, la población y los riesgos asociados al cambio climático.
